Factureras en la mira
Diversas factureras emitieron facturas falsas y el gobierno federal las tiene en la mira. Las denuncias se presentaron ante la Fiscalía General de la República. Varias grandes empresas, así como personas físicas, forman parte de los clientes de alguna de las factureras denunciadas por lavado de dinero y fraude.
Estas factureras presentaron operaciones por altos montos de capital y dejaron de pagar los impuestos correspondientes. Las factureras denunciadas tendrán que regularizar sus pagos para evitar denuncias contra el compro de facturas. Las operaciones simuladas por altos montos de capital pagaron su nómina, pero causaron un gran impacto en el ISR. El Servicio de Administración Tributaria presentó denuncias contra cuarenta y tres empresas que ampararon operaciones por grandes cantidades de dinero, buscando recuperar un tanto en ISR. De acuerdo con los especialistas, las personas implicadas podrían alcanzar penas por defraudación fiscal, delincuencia organizadas y prisión preventiva por delito contra la seguridad nacional.
Los analistas expertos coinciden en que la cantidad de recursos evadidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es equivalente la cantidad de recursos requeridos para la construcción de dos tramos del Tren Maya. Este capital también podría ser utilizado para temas educativos y otros sectores. Este fraude fiscal implica pérdidas millonarias para el país, las cuales podrían haber sido utilizadas para actividades relacionadas con el fomento económico y el medio ambiente, gastos para distintas secretarías como la Secretaría de Marina, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Hacienda. Asimismo, estos recursos podrían haber sido destinados al Centro de Investigación y Estudios Avanzados, a gastos relacionados con la Presidencia de la República, al Aeropuerto de Santa Lucía y a la refinería Dos Bocas.
La titular del SAT afirma que las cuarenta y tres empresas implicadas fueron engañadas sin darse cuenta y las invita a regularizar sus pagos en un periodo de tres meses. El procurador fiscal invita a estas compañías a cumplir con sus obligaciones a través del pago de impuestos. Estas empresas comparten tanto representantes legales como accionistas.
